La responsabilidad de los directivos escolares en estos casos no puede limitarse a la indignación
El reciente caso de abuso sexual cometido por el exsecretario de Educación de Cáceres contra una menor de 13 años vuelve a poner sobre la mesa una realidad aterradora: los colegios, espacios que deberían ser refugios de aprendizaje y seguridad, se han convertido en escenarios de impunidad y violencia contra la infancia. No se trata de un hecho aislado, sino de un síntoma de un sistema que ha fallado en su deber de proteger a los más vulnerables. ¿Dónde estaban las directivas cuando esto ocurría? ¿Cómo es posible que un funcionario, llamado a garantizar la educación y bienestar de los niños, terminara siendo su peor amenaza?
La responsabilidad de los directivos escolares en estos casos no puede limitarse a la indignación tardía o a las excusas burocráticas.
Son ellos quienes deben velar por un entorno seguro, fomentar canales de denuncia efectivos y garantizar que ningún niño se sienta indefenso frente a un agresor. Sin embargo, demasiadas veces priman el miedo al escándalo, la protección de la imagen institucional o, peor aún, la complicidad del silencio. Cada caso de abuso que ocurre dentro de un colegio no solo es una tragedia individual, sino un fracaso colectivo de quienes tenían el deber de prevenirlo.
El Estado, por su parte, sigue siendo el gran ausente en esta ecuación. Mientras los agresores encuentran grietas en el sistema para actuar con impunidad, las políticas de protección infantil siguen siendo insuficientes, los protocolos de denuncia resultan ineficaces y las sanciones, en muchos casos, llegan demasiado tarde. ¿De qué sirve condenar a un exfuncionario años después de que cometiera sus crímenes, si durante ese tiempo el daño ya ha sido irreparable para sus víctimas? La justicia no puede ser solo punitiva; debe ser preventiva.
Es urgente que la educación y la protección infantil sean inseparables. No basta con discursos institucionales ni con medidas reactivas: necesitamos protocolos sólidos, formación para los docentes en detección de abuso y un compromiso real de los colegios y del Estado para garantizar que ningún niño vuelva a sufrir en silencio. La indiferencia, la burocracia y el miedo no pueden seguir siendo cómplices del abuso. Si no actuamos ahora, ¿cuántas víctimas más tendrán que alzar la voz antes de ser escuchadas?
Profes al Aula.
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